“Señor, varios derrumbamientos de obras urbanas, acaecidos en los últimos tiempos, suscitaron la tensión del Gobierno de V.M., que ordenó la incoación de los correspondientes expedientes gubernativos. Pusieron los mismos de manifiesto que, si bien existía una responsabilidad civil, y aún criminal, a prestar por los Arquitectos que se comportarán con negligencia, no existía ni un precepto legislativo de que pudieran deducirse sanciones de carácter gubernativo, mediante suspensiones o inhabilitaciones más o menos duraderas, ni una organización administrativa corporativa que llevarse a la clase un estímulo y un sentimiento del honor profesional con verdadera eficacia.”

Posteriormente, la comisión nombrada por Real orden de 9 de octubre de 1928 para entender de un modo general en las cuestiones relacionadas con la construcción de edificios urbanos, emitió informe con fecha 5 de febrero de 1929, proponiendo, entre otros particulares, la colegiación obligatoria de los arquitectos.

«Reproducidos recientemente otros siniestros de la especie de los aludidos, solicita la Sociedad Central de Arquitectos de esta presidencia, y parece obligado atenderla, una decisión del Poder público ordenando en debida forma el régimen profesional de la clase para su debido prestigio y el servicio del interés público. Por los motivos que anteceden, el presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Real Decreto. Madrid, 27 de diciembre de 1929”.